Tema 21: Protección integral contra la violencia de género (LO 1/2004)

Ministerio del Interior · Dirección General de la Guardia Civil · Guardia Civil: Escala de Cabos y Guardias (ingreso directo)

Resumen

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (el temario la llama «de Mecanismos», pero su título oficial es este) actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia (art. 1.1). Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privación arbitraria de libertad (art. 1.3). Desde la LO 8/2021 incluye también la violencia que, para dañar a la mujer, se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad (art. 1.4, la llamada violencia vicaria). Su finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y asistir a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores bajo su tutela o guarda y custodia (art. 1.2). El art. 2 enumera once principios rectores, de la letra a) a la k).

Estructura: título preliminar (arts. 1-2), título I de sensibilización, prevención y detección, título II de derechos de las víctimas, título III de tutela institucional, título IV de tutela penal y título V de tutela judicial, más disposiciones adicionales, transitorias y finales. Entró en vigor a los treinta días de su publicación en el BOE (publicada el 29/12/2004), salvo los títulos IV y V, que lo hicieron a los seis meses (disposición final séptima). No todo es orgánico: la disposición final tercera deja con rango ordinario, entre otros, los títulos I, II y III.

Título I. El Gobierno pone en marcha un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de carácter permanente, controlado por una Comisión de amplia participación que se crea en el plazo máximo de un mes; la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género elabora el informe anual de evaluación y lo remite a las Cortes (art. 3). En educación (arts. 4-9): formación en igualdad en todas las etapas, escolarización inmediata de los hijos que cambien de residencia por la violencia (art. 5), materiales sin estereotipos sexistas, formación del profesorado, representación del Instituto de la Mujer en el Consejo Escolar del Estado y control por la inspección educativa. En publicidad y medios (arts. 10-14): es ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio, y pueden pedir su cesación la Delegación Especial del Gobierno, el Instituto de la Mujer u órgano autonómico equivalente, el Ministerio Fiscal y las asociaciones cuyo objetivo único sea defender los intereses de la mujer (art. 12). En sanidad (arts. 15-16): detección precoz y una Comisión contra la Violencia de Género en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, creada en el plazo de un año, que emite un informe anual.

Título II, derechos (arts. 17-28 ter). Todas las víctimas tienen garantizados sus derechos sin discriminación; los servicios de información, atención psicosocial, asesoramiento jurídico 24 horas y acogida son servicios esenciales (art. 17). Derecho a la información accesible, también en formatos para personas con discapacidad (art. 18). Derecho a la asistencia social integral: servicios de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, organizados según los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional; también tienen derecho los menores que conviven en ese entorno (art. 19). Atención sanitaria con especial atención psicológica y psiquiátrica (art. 19 bis, añadido por la LO 10/2022). Asistencia jurídica gratuita: asesoramiento en el momento inmediatamente previo a la denuncia, defensa y representación gratuitas, una misma dirección letrada, y posibilidad de personarse como acusación particular en cualquier momento sin retrotraer lo actuado (art. 20).

Derechos laborales y económicos. La trabajadora tiene derecho a reducir o reordenar su jornada, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a la adaptación del puesto, a suspender el contrato con reserva de puesto y a extinguirlo; la suspensión y la extinción dan lugar a situación legal de desempleo (art. 21). La empresa que contrate a una interina para sustituirla tiene una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales por contingencias comunes durante toda la suspensión o seis meses en caso de movilidad o cambio de centro. Las ausencias o faltas de puntualidad derivadas de la violencia se consideran justificadas y se remuneran cuando lo determinen los servicios sociales o de salud. La autónoma que cese en su actividad queda en cese temporal con la cotización suspendida seis meses. La situación se acredita con sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial con medida cautelar, informe del Ministerio Fiscal o informe de los servicios sociales, especializados o de acogida (art. 23). La funcionaria tiene derecho a reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica de centro y excedencia (arts. 24-26).

Ayudas (art. 27): si la víctima carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 % del salario mínimo interprofesional (excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias) y tendrá especiales dificultades para encontrar empleo, recibe una ayuda de pago único equivalente a seis meses de subsidio por desempleo; doce meses si tiene una discapacidad igual o superior al 33 %; con responsabilidades familiares, hasta dieciocho meses, o veinticuatro si ella o un familiar conviviente tiene esa discapacidad. Es compatible con las ayudas de la Ley 35/1995 a víctimas de delitos violentos. Las víctimas son colectivo prioritario para viviendas protegidas y residencias públicas para mayores (art. 28). La LO 10/2022 añadió el derecho a la reparación (arts. 28 bis y 28 ter): indemnización, recuperación física, psíquica y social, reparación simbólica y garantías de no repetición. La disposición adicional primera quita la pensión de viudedad al condenado por homicidio o lesiones dolosas contra la causante, salvo reconciliación.

Título III, tutela institucional (arts. 29-32). La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género formula las políticas públicas y elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres, que debe publicarse como mínimo cada tres años (disposición adicional vigesimoprimera). El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado de asesoramiento y evaluación que remite cada año al Gobierno y a las comunidades autónomas un informe sobre la evolución de esta violencia. Art. 31, el que más interesa a un guardia civil: el Gobierno establecerá en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales; las Policías Locales cooperan en el cumplimiento de esas medidas, y la actuación policial debe seguir el Protocolo de actuación y coordinación con los órganos judiciales. Los poderes públicos elaboran planes de colaboración y protocolos que impliquen a sanidad, justicia, fuerzas de seguridad, servicios sociales y organismos de igualdad (art. 32).

Título IV, tutela penal (arts. 33-42). La ley reformó el Código Penal: el menoscabo psíquico o la lesión no definidos como delito, o el maltrato de obra sin lesión, a quien sea o haya sido esposa o pareja, aun sin convivencia, o a persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, se castiga con prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días, y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años (art. 153.1 CP); la pena va en su mitad superior si el hecho ocurre en presencia de menores, con armas, en el domicilio común o de la víctima, o quebrantando una pena o medida de alejamiento. Se dio el mismo tratamiento a las amenazas leves y a las coacciones leves contra la mujer, y la Administración penitenciaria realiza programas específicos para los condenados, que se valoran para permisos, progresión de grado y libertad condicional (art. 42). Ojo: algunos preceptos del CP que citaba la ley (las faltas, la suspensión y sustitución de penas) se han reformado después; en el examen se pregunta por la redacción de la ley.

Título V, tutela judicial (arts. 43-72). Creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con competencia penal (instrucción de los delitos de violencia de género y adopción de órdenes de protección) y civil (familia, filiación, separación, divorcio, custodia), y con la competencia territorial fijada por el domicilio de la víctima; en estos asuntos está vedada la mediación. Tras la LO 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, funcionan como secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia y, desde octubre de 2025, instruyen también los delitos contra la libertad sexual y de trata cuando la víctima es mujer. Medidas de protección (arts. 61-69): salida obligatoria del domicilio, alejamiento con una distancia mínima fijada por el juez y controlable con medios tecnológicos, prohibición de comunicación, suspensión de la patria potestad o la custodia, suspensión del régimen de visitas (el juez la «ordenará» y, si no lo hace por interés del menor, debe decir cómo se ejerce) y suspensión de la tenencia, porte y uso de armas. Se adoptan por auto motivado, con intervención del Ministerio Fiscal, y pueden mantenerse tras la sentencia y durante los recursos. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer es un Fiscal de Sala nombrado por el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, y presenta un informe cada seis meses; hay Secciones contra la Violencia sobre la Mujer en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales (arts. 70-72).

Claves para el examen

• Violencia de género: la del cónyuge, excónyuge o pareja o expareja, aun sin convivencia (art. 1.1).
• Incluye violencia física y psicológica, agresiones sexuales, amenazas, coacciones y privación arbitraria de libertad (art. 1.3).
• Desde 2021 incluye la violencia sobre familiares o allegados menores para dañar a la mujer (art. 1.4).
• En vigor a los 30 días del BOE; títulos IV (penal) y V (judicial), a los 6 meses.
• Plan Estatal de Sensibilización permanente; su Comisión, en el plazo máximo de un mes (art. 3).
• Publicidad ilícita: la que usa la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria (art. 10).
• Servicios sociales: atención permanente, actuación urgente, especialización y multidisciplinariedad (art. 19).
• Asesoramiento jurídico gratuito justo antes de denunciar; acusación particular en cualquier momento (art. 20).
• Bonificación del 100 % de las cuotas empresariales por contingencias comunes al contratar una interina (art. 21.3).
• Acreditación: sentencia, orden de protección, medida cautelar, informe fiscal o de servicios sociales (art. 23).
• Ayuda de pago único: rentas hasta el 75 % del SMI; 6 meses de subsidio (12 con discapacidad del 33 %) (art. 27).
• Macroencuesta: la hace la Delegación del Gobierno, como mínimo cada tres años.
• FCSE: unidades especializadas en prevención y en control de las medidas judiciales (art. 31).
• Art. 153.1 CP: prisión de 6 meses a 1 año o TBC de 31 a 80 días, y privación de armas de 1 año y 1 día a 3 años.
• Medidas judiciales por auto motivado con intervención del Fiscal; pueden mantenerse tras la sentencia (arts. 68-69).

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